En conferencia de prensa, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss, dijo que el gobierno federal ha decidido intervenir en la designación del próximo comisario de seguridad pública, ante la gravedad de la situación que enfrenta múltiples desafíos estructurales y sociales, agravados por el desmantelamiento del ayuntamiento en administraciones previas.

Por otra parte, explicó Cisneros Coss recibió una administración completamente desmantelada: “No había rehabilitación de nada, se lo dejaron así como lo dejó el exalcalde Indalecio Ríos. Cerraron prácticamente el ayuntamiento, se atrincheraron aquí”. Esta precariedad incluye problemas básicos como la falta de comunicaciones, sistemas operativos y servicios públicos.

También se presentara un programa integral que combinará estrategias locales y federales. Este plan buscará fortalecer la proximidad policial y atender las causas profundas de la inseguridad, con un enfoque en las comunidades barriales.

El gobierno de Ecatepec se ubica entre los municipios con mayor percepción de inseguridad en el país. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, en el tercer trimestre de 2024, el 87% de los habitantes consideraron que vivir en el municipio es inseguro. Además, el 94.4% de la población reportó sentirse vulnerable en el transporte público, uno de los principales escenarios de delitos.

El deterioro en la seguridad es evidente: la percepción de inseguridad pasó del 84.6% en 2023 al 87% en 2024. A esta problemática se suma el retiro de patrullas municipales debido a incumplimientos en los pagos de arrendamiento, lo que dejó a la población con menos recursos para enfrentar la violencia cotidiana.

La intervención federal incluye el despliegue de más de 300 elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes ya refuerzan la seguridad en el municipio. Asimismo, la alcaldesa destacó que se revisará la estructura policial y de tránsito municipal, implementando estrategias como educación cívica y combate a la corrupción.

Respecto a los problemas de movilidad, la alcaldesa subrayó los problemas de origen con los carriles confinados del Mexibús, cuya implementación no consideró acuerdos con concesionarios de combis, generando un caos vial en horas pico. La solución requiere una reingeniería de movilidad que integre esfuerzos municipales y estatales, así como la creación de una policía de movilidad eficiente.

Además otro de los clamores sociales es la mejora de servicios básicos como el agua potable donde aseguró que su administración trabaja en proyectos a largo plazo que atiendan las necesidades fundamentales de los ciudadanos.

Finalmente, anunció la suspensión temporal de los parquímetros en el centro de San Cristóbal, en espera de una evaluación que permita reestablecer únicamente aquellos que cuenten con el respaldo vecinal.